SOS a Bruselas por la escalada de pisos turísticos

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La Federación de Municipios pide una normativa urgente que ofrezca a los ayuntamientos seguridad jurídica

El Ayuntamiento de Madrid ilegalizará el 95% de las viviendas turísticas del centro

El temor a las multas ‘elimina’ un 35% de pisos turísticos en Palma

La escalada de oferta de pisos turísticos a través de plataformas digitales ha llevado al organismo nacional que agrupa los intereses de los municipios a pedir que se promueva en Bruselas una legislación específica para este tipo de actividad.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), órgano que representa a 8.000 ayuntamientos en España,acordó el pasado jueves remitir al Consejo de Municipios y Regiones de Europa -organismo que le representa ante el Parlamento y la Comisión Europea- una propuesta para promover con urgencia una normativa sobre la oferta digital de pisos turísticos, un negocio que ha crecido exponencialmente de la mano de plataformas como Airbnb o HomeAway.

Los ayuntamientos consideran que el fenómeno de los pisos turísticos amenaza con cambiar en pocos años el corazón de las ciudades más visitadas. La proliferación ha sorprendido a los municipios sin herramientas normativas para controlar la situación, por lo que han debido recurrir a la «innovación», «pero necesitamos más seguridad jurídica», explica José Hila, portavoz de esta comisión y ex alcalde de Palma.

Hila entiende que los ayuntamientos necesitan herramientas para enfrentarse a gabinetes jurídicos de las grandes empresas o a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya ha advertido que vigila de cerca la avalancha de prohibiciones municipales.

La Administración Central ha cedido en este caso toda la iniciativa a los gobiernos regionales y locales. «Hablamos de una competencia que es autonómica. Desde el Ministerio respetamos que cada cual legisle en función de sus competencias», explican en el Ministerio de Energía, Industria y Turismo.

El pasado lunes, Canarias anunció el borrador de un decreto para frenar la proliferación de alquileres vacacionales, y las Cortes de la Comunidad Valenciana aprobaron el miércoles las enmiendas definitivas a su propio texto con el que antes del verano los ayuntamientos podrán limitar la oferta. El intento de retomar el control se reproduce desde Cataluña al País Vasco, pasando por Madrid o Andalucía. Ésta es la situación en las principales capitales.

Cataluña, estricto control.

En Cataluña ha quedado claro que hay que convivir con los pisos turísticos desde la legalidad y un estricto control. Establecer moratorias o limitar aspectos como el número de pernoctaciones no conducen a ninguna parte. Barcelona, con su alcaldesa Ada Colau al frente, y después de la batalla ganada a la plataforma ‘online’ Airbnb, es el principal referente de estas políticas. Cataluña ya había sido pionera en exigir un registro para tener un piso turístico, pero la situación se descontroló.

El equipo de Colau actuó contra la plataforma que oferta unas 18.000 viviendas: le impuso a finales de 2016 una sanción de 600.000 euros. Meses más tarde consiguió un acuerdo para que retirara los anuncios ilegales, cosa que según la empresa se ha realizado, aunque esta misma semana el Ayuntamiento le haya emplazado a retirar otros 2.577 pisos turísticos ilegales de su página web. Las cifras que maneja el Consistorio son fruto, por una parte, del equipo de inspectores que recorren la ciudad y las redes sociales para detectar ofertas ilegales y también de la contribución de las empresas dedicadas al alquiler de apartamentos turísticos en Cataluña.

Su presidente, Lluís Torrent, explica que el fenómeno se usa en muchas capitales y localidades costeras por parte de los partidos políticos como «arma arrojadiza contra el equipo de gobierno, sea del color que sea». Desde 2012, los apartamentos y viviendas de uso turístico regularizados en Cataluña ya superan los 65.000 o las cerca de 370.600 plazas de alojamiento turístico, el 74,1% de las que se calculan como oferta potencial. El grueso está en la provincia de Girona, con 155.843 plazas. En su capital han aparecido las primeras quejas por los pisos turísticos en el casco antiguo, que el Ayuntamiento cifra en 584 viviendas pero no piensa tomar medidas hasta tener ultimado antes del verano el Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad.

Descontrol balear.

El alquiler vacacional ilegal lleva varias temporadas campando a sus anchas en Baleares. Un descontrol que ha llevado a las autoridades a regular la actividad y aplicar cuantiosas multas, tanto a propietarios como a las plataformas comercializadoras. Y algunos de sus ayuntamientos ya se han apresurado a prohibir la actividad, lo que ha provocado que descienda la oferta. Es el caso de Palma, Ibiza o Santa Eulalia del Río. Todos ellos están hartos de las consecuencias de una actividad mal llamada economía colaborativa y que ha resultado ser toda una fuente de opacidad y conflicto con el sector hotelero, que sólo en Baleares paga al año más de 2.000 millones de euros en impuestos.

Desde la eclosión del alquiler turístico en las Islas, allá por 2013, los precios de los alquileres han subido en Palma un 40%, la escasez de inmuebles en algunas zonas es acuciante y los pocos pisos que quedan se esfuman en menos de 48 horas. Cuesten lo que cuesten. Un problema transversal que ha llegado a echar a muchos vecinos de sus casas en Baleares porque los dueños preferían alquilárselas a turistas antes que a profesores, policías o médicos llegados desde la Península para trabajar.

Airbnb, el hotel de Valencia.

La irrupción de un nuevo escenario turístico ha llevado a la Generalitat valenciana a aprobar una nueva ley de turismo que comenzará a aplicarse en los próximos días. La nueva norma deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de regular e incluso vetar la oferta de apartamentos turísticos a través de su normativa urbanística. La ciudad de Valencia es, ahora, el principal campo de batalla, ya que la principal patronal hotelera, Hosbec, ha constatado que Airbnb ya tiene más plazas en el mercado (22.000) que las que comercializan los hoteles (16.200). El Ayuntamiento ha prohibido la instalación de más hoteles y apartamentos en el centro de la ciudad al considerar que ya está saturado y exigirá un permiso municipal para que las viviendas (en cualquier punto de la ciudad) puedan utilizarse como apartamentos turísticos por días, algo que la nueva ley contempla. El problema, sin embargo, se extiende por las principales ciudades de la región, ya que en Alicante la oferta de apartamentos ha crecido exponencialmente en los últimos años. En Benidorm la problemática también existe, aunque el Ayuntamiento no ha decidido aún si regulará, pese a la presión de los hoteleros.

Presión en Sevilla.

Se calcula que hay alrededor de 2.500 pisos turísticos legales en Sevilla, una cifra que se ha disparado en los últimos años. De los ilegales no hay estadísticas, pero proliferan sin control especialmente en dos zonas de la ciudad, el centro histórico y el barrio de Triana. Consecuencia: los alquileres, como en otras grandes ciudades españolas, están sufriendo una escalada histórica y los vecinos de estos barrios empiezan a alzar la voz. Aunque no lo considera un problema acuciante, el Gobierno municipal se está armando (legalmente) para plantar batalla a los pisos turísticos mientras endurece los controles policiales y las inspecciones. El equipo de gobierno de Juan Espadas (PSOE) ha intentado medidas como incrementar tasas en un 300% o asimilarlas a las que paga, por ejemplo, un hostal.

Mientras, en Málaga, el centro histórico ha sucumbido de lleno al nuevo fenómeno. Según datos de Inside Airbnb facilitados por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, los apartamentos turísticos en la capital de la Costa del Sol ascienden a casi 23.300 plazas, cinco veces las cifras manejadas por la Administración y el sector, que corresponden a 4.853 apartamentos, de los que sólo están registrados en torno al 40%. Las quejas han llevado al Ayuntamiento de Málaga a habilitar un número de teléfono (010) a disposición de residentes, visitantes y consumidores. En lo que respecta a Cádiz capital hay registrados 671 apartamentos turísticos. Sin embargo, sólo en 2016 y 2017 se duplicaron las licencias de obra para este tipo de inmuebles y desde el Ayuntamiento de Cádiz indican que las plataformas digitales de alquileres turísticos cifran en 1.600 los pisos de este tipo de la capital gaditana. En cualquier caso, las plazas superan de largo a las hoteleras.

Madrid, crece la oferta. El anuncio de próximas restricciones en los próximos meses ha provocado que la oferta legal en Madrid haya crecido un 60% en sólo seis meses, hasta cerca de 8.000 apartamentos. El punto de vista del ayuntamiento es que no hay que eliminar los pisos turísticos pero sí regularlos. «En el centro ya no caben más y hay que repartir el turismo por otras zonas para que sea una ciudad equilibrada». José Manuel Calvo, concejal de Urbanismo, recuerda que en Madrid no hay un problema de saturación turística en comparación con los ratios de París o Barcelona. «Pero sí es preocupante en el centro y en especial en los barrios más saturados. Estos son Sol y Cortes, donde hay dos turistas por cada residente, en el primer caso, y 1,3 por vecino en el segundo. El ratio del centro en su conjunto es de un turista por cada dos residentes.

País Vasco, ‘turismofobia’ atajada

Las instituciones vascas reaccionaron el pasado verano a la fallida campaña de la izquierda ‘abertzale’ para aferrarse a la bandera de la «turismofobia» en San Sebastián. En apenas 10 meses, tanto la capital guipuzcoana como Bilbao han restringido la reconversión de casas en viviendas turísticas. Medidas con efectos ya visibles porque ya han desaparecido alrededor de 500 viviendas turísticas, pese a que la demanda crece con picos extraordinarios. El País Vasco cuenta con 1.961 viviendas de uso turístico cuya actividad está controlada con un estrecho marcaje, en especial en San Sebastián. La normativa municipal aprobada el pasado 28 de marzo prohíbe la apertura de nuevos pisos turísticos en la Parte Vieja y zonas adyacentes y establece duros criterios en otras zonas céntricas. Los cambios tanto en San Sebastián como en Bilbao (con sólo 190 pisos turísticos legales) han sido cuestionados por la CNMC y la Autoridad Vasca de la Competencia al interpretar que el resto de propietarios se ven penalizados.

Reportaje elaborado por César Urrutia, Maite Coca, Hugo Sáenz, Cristóbal Toledo, Chema Rodríguez, Damián Ruiz, Laura Garofano, Silvia Fernández y Josean Izarra.

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