España impugnará todas las demandas de EE.UU a sus empresas en Cuba

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El Gobierno de España comandado por Pedro Sánchez, aseguró a las compañías del país ibérico con intereses en la mayor de las Antillas que rechazará las reclamaciones que lleguen de la potencia del norte por la Ley Helms-Burton.

Según publica este jueves el diario El País, los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia e Industria convocaron a 16 empresas afectadas por el endurecimiento de ese cerco entre las que se encontraban Iberostar, Meliá, el banco BBVA, el despacho de Garrigues y la influyente Confederación Española de Organizaciones Empresariales, dijeron fuentes empresariales citadas por el periódico.

El Gobierno, en virtud de un reglamento europeo que deja sin efecto las resoluciones de juzgados que hagan efectiva la cuestionada normativa, dará por no recibidas las notificaciones contra compañías españolas, tanto si se dirigen a las empresas o si van a juzgados españoles o al Ministerio de Justicia, indicó El País.

En esa línea, la publicación recordó que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea (UE), aprobado en 1996, rechaza los efectos de la Ley Helms-Burton en cualquier Estado miembro.
Con este reglamento, la UE deja sin reconocimiento la aplicación extraterritorial de una legislación cuyos efectos considera contrarios al derecho internacional.

Precisamente, el Gobierno español se basa ahora en ese reglamento nunca antes utilizado para dar una respuesta a sus empresas, subrayó el diario madrileño.

La norma europea protege a los operadores de la UE mediante dos mecanismos: permite anular el efecto de cualquier resolución judicial extranjera basada en la Helms-Burton y abre la vía a que las firmas afectadas obtengan reparación judicial por los daños derivados de la aplicación extraterritorial de esta legislación.

En mayo último, el presidente Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, suspendida hasta entonces por sus predecesores ante el rechazo generado a nivel internacional por su carácter extraterritorial.

Su apartado III establece mecanismos para que ciudadanos estadounidenses puedan demandar a empresas que supuestamente se beneficiaron de propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959.

Tras la entrada en vigor del Título III, el club comunitario avisó de que tomaría represalias para defender los derechos de sus empresas, incluido el recurso a la Organización Mundial del Comercio y el blindaje de sus compañías mediante el Estatuto de Bloqueo.